noviembre 11, 2026

La Audiencia Provincial de Centro Sur inicia sus últimas vistas penales de 2026 en Evinayong

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La Audiencia Provincial de Centro Sur ha puesto en marcha las últimas sesiones de juicios penales planificadas para el cierre del año 2026. Los procedimientos jurídicos se están llevando a cabo en la Sala de Conferencias de la localidad de Evinayong, contando con el magistrado Protasio Esono Ondo Ebobg al frente del tribunal. Ambas causas debatidas en este arranque de jornadas han quedado ya conclusas para sentencia.

La primera audiencia del día correspondió al sumario 2/2026, un expediente derivado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Akurenam. En el banquillo de los acusados se sentaba Mateo Ekoho Nguema Nsang, asistido por el letrado Tobías Bee Esono, imputado por un supuesto delito de omisión del deber de socorro. El caso afecta de forma directa a los allegados de Matías Nguema Edu, ciudadano que se encuentra actualmente en paradero desconocido.

A pesar de que el ministerio público arrancó el proceso solicitando una condena de dos años de cárcel, el transcurso de la vista dio un vuelco sustancial:

La Fiscalía interrogó de forma exhaustiva al encausado y a un pariente del desaparecido con el fin de resolver varias incongruencias en los testimonios previos que constaban en la Comisaría de Akurenam.

Tras evaluar las nuevas declaraciones, la acusación pública retiró los cargos iniciales y solicitó la libre absolución de Ekoho Nguema.

Como era de esperar, el abogado defensor se adhirió de inmediato al nuevo dictamen de la Fiscalía, elevando sus conclusiones a definitivas al no existir base penal para que se pudiera condenar a su defendido.

La sesión de apertura concluyó con el análisis de la causa 6/2026, remitida desde los juzgados de Niefang. En este caso, José Engonga Nkua Nzang afronta cargos por presunta imprudencia punible a raíz de un accidente vial que se cobró la vida de Antonio Meñena Esono Ela, cuya familia ejerce como parte afectada en el proceso. La defensa del conductor corrió a cargo de los profesionales Joaquín Obama Nzo Bindang y Agustín Ondo Azeme.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de tres años de privación de libertad y propuso la comparecencia tanto del procesado como de un familiar de la víctima. Aunque el equipo defensor se opuso firmemente a la gravedad del castigo solicitado, consintió en que se realizaran dichos interrogatorios.

Tras escuchar las respuestas dadas por ambas partes ante las preguntas del tribunal, la Fiscalía optó por modificar sus conclusiones provisionales. Por su parte, los letrados defensores se ratificaron en sus argumentos originales, sosteniendo la total inocencia de su cliente antes de que la mesa declarara los casos listos para el fallo definitivo.

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