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La Responsabilidad penal de los delitos: Acoso Sexual Escolar, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes
Directivos de centros educativos han recibido una sensibilización para actuar con responsabilidad penal y sin silencio frente a delitos contra menores durante la conferencia titulada: «La responsabilidad penal de los delitos: Acoso Sexual Escolar, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes».
La sensibilización, dirigida a los directivos de diferentes centros educativos de la ciudad de Bata, fue impartida por Olivier Agustín Enzema Angué, fiscal especial de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes de la provincia de Litoral. El objetivo de la conferencia fue fortalecer el conocimiento legal y la obligación de denuncia de los responsables educativos.
En cuanto al acoso sexual escolar, el ponente les recordó con contundencia que es un delito y se castiga con cárcel: «El acoso en el ámbito escolar no es una falta administrativa, sino un delito, y conlleva años de cárcel y multas graves». El ponente explicó que el docente que utilice su posición de autoridad para solicitar favores sexuales, realizar tocamientos no consentidos o condicionar las calificaciones a cambio de actos sexuales incurre en responsabilidad penal directa.
Se hizo mención al marco legal nacional que los sanciona, tanto la Ley Fundamental en sus artículos 11 y 23 —que obliga a todos a respetar la ley y ampara la protección del menor— como las leyes penales que tipifican el acoso sexual como delito (artículo 507 y siguientes del Código Penal).
Sobre el deber de denunciar, el fiscal les recordó que los directivos no deben guardar silencio, porque la omisión también tiene consecuencias legales: «Los directivos de los centros educativos tienen la obligación legal de no guardar silencio. Ante cualquier caso de acoso sexual escolar, deben poner los hechos inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía correspondiente. No hacerlo es incurrir en responsabilidad por omisión».
Enzema Angué explicó el protocolo a seguir: documentar los hechos con discreción, proteger a la víctima sin revictimizarla, garantizar la confidencialidad y remitir el caso a la Fiscalía. Ocultar un caso o intentar resolverlo internamente puede ser considerado encubrimiento y acarrear sanciones administrativas y penales para la institución y su dirección.
Sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes, en la segunda parte de la conferencia, el fiscal abordó dos aspectos clave:
- Ya existen fiscalías especiales en todo el país: El ponente informó a los directivos de que el Estado de Guinea Ecuatorial ya cuenta con fiscalías especiales de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes repartidas por todas las provincias del territorio nacional, con el fin de acercar la justicia a la ciudadanía y agilizar la persecución de estos delitos.
- Denunciar cualquier indicio: Olivier Agustín Enzema Angué hizo un llamado directo a los directivos: «Les pido que, ante cualquier indicio, información o sospecha que tengan sobre un caso de trata de personas o tráfico ilícito de inmigrantes, por pequeño que parezca, acudan a la Fiscalía más cercana y lo pongan en nuestro conocimiento. Con una información a tiempo podemos salvar una vida».
Los participantes, directivos de diferentes centros educativos de Bata, expresaron su agradecimiento por la sensibilización recibida y valoraron la claridad del fiscal en materia legal. Señalaron que esta no debe ser la única actividad de este tipo y solicitaron que estas conferencias se realicen de forma periódica, abordando otros temas de naturaleza legal que afectan a la comunidad educativa, como el ciberacoso, el consumo de drogas en menores y la responsabilidad civil del docente.
Se prevé extender la formación a los distritos de Mbini y Cogo, respectivamente.
