MALABO y BATA — La Fiscalía General de la República, en alianza estratégica con UNICEF y la consultora BiriaElat, pondrá en marcha durante el próximo mes de octubre de 2026 un ambicioso plan de formación técnica, supervisión y adecuación de espacios amigables destinados a niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas, sobrevivientes y testigos de delitos.
Esta iniciativa busca transformar el abordaje judicial y legal de los menores en el país, tomando como modelo de referencia la experiencia del espacio amigable ya establecido en la capital, Malabo.
Innovación e infraestructura adaptada para proteger a la niñez
Uno de los pilares centrales del programa es garantizar que las declaraciones y entrevistas a menores se realicen en entornos adaptados que respeten el interés superior del niño, la confidencialidad, la privacidad y prevengan la revictimización durante los procesos legales.
Para ello, la agenda de trabajo incluye la supervisión técnica, verificación del mobiliario y equipamiento tecnológico de los espacios amigables proyectados para las localidades de Bata, Mongomo y Annobón.
Capacitación intensiva al personal judicial
El plan contempla jornadas formativas integrales que se desarrollarán en dos bloques principales:
- Bloque 1 (Malabo – 1 y 2 de octubre): Dirigido a fiscales locales y personal técnico, centrado en el marco normativo internacional y nacional, protocolos multisectoriales, salud mental, apoyo psicosocial y técnicas de entrevista adaptadas.
- Bloque 2 (Bata – 6, 7 y 8 de octubre): Inicio con inspecciones técnicas del material y reuniones organizativas lideradas por la Inspectora General de la Fiscalía, el Secretario General y el Delegado de Bata, seguidas de tres días de talleres prácticos y simulaciones de gestión de casos.
Cooperación institucional para un sistema judicial más humano
El despliegue de esta agenda cuenta con la participación activa de altos mandos de la Fiscalía General del Estado, especialistas en protección infantil de UNICEF y la facilitación técnica de expertos de BiriaElat. Con estas acciones, las instituciones firmantes reafirman su compromiso de garantizar un sistema de justicia accesible, especializado y centrado en los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia en todo el territorio nacional.
