octubre 28, 2026

Inician los juicios penales en la Audiencia Provincial de Bioko Norte, Bioko Sur y Annobón

MINISTERIO FISCAL
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La Audiencia Provincial de Bioko Norte, Bioko Sur y Annobón ha iniciado este lunes, en la Sala de lo Penal, los juicios de dos causas penales que se siguen contra trece ciudadanos por presuntos delitos de intrusismo profesional y tráfico de drogas, en perjuicio del Estado.

Doce ciudadanos están siendo enjuiciados por un presunto delito de intrusismo profesional en el caso conocido como Aldea de Belén.

Durante el interrogatorio, el ministerio público ha centrado su acusación en conocer la actividad real que se desarrollaba en la aldea. La procesada, Esther Matutina, ha declarado que en el lugar no existe una iglesia constituida y que su actividad se limita a la celebración de cultos, a la oración y a labores agrícolas. La acusada, respondiendo a las preguntas de su defensa, ha negado que existiera resistencia a la autoridad durante la intervención.

Ante la falta de pruebas, el ministerio fiscal ha modificado sus conclusiones provisionales retirando la acusación contra los procesados, al considerar que para orar o profesar una creencia no se requiere autorización judicial. Por ello, ha solicitado la libre absolución de todos los procesados, petición a la que se ha adherido la defensa.

En la misma sesión se ha enjuiciado el sumario nº 39/2024, seguido contra Job Obiang Abia Eyang por un presunto delito de atentado contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

El acusado ha negado los hechos que se le imputan. Ha manifestado que se limitó a recoger en el aeropuerto un paquete procedente del Reino de España, enviado por una persona identificada como Deogracias y dirigido a la agencia Enpunto para su posterior entrega a una mujer de nombre Lucrecia.

Su defensa ha insistido en que su cliente no era el propietario del contenido del paquete. Por su parte, el fiscal antidrogas ha cuestionado esta versión, señalando que existe una relación de amistad entre el acusado y el remitente desde España y que no sería la primera vez que recibe envíos de esa procedencia. Por ello, solicita una pena de 3 años de privación de libertad y una multa conforme a la ley.

La defensa, por su parte, ha solicitado la absolución de su patrocinado y la devolución de sus efectos personales.

Ambas causas han quedado vistas para sentencia.

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